El miércoles, la Corte Suprema decidirá bajo qué circunstancias las mujeres con complicaciones graves en el embarazo pueden obtener abortos en estados donde el procedimiento está prohibido.
El caso se centra en una demanda de la administración Biden, presentada por el Departamento de Justicia en 2022, que argumenta que la prohibición de Idaho no proporcionó una cobertura legal adecuada a los médicos que realizan abortos en emergencias médicas. Con la Corte Suprema otorgando ahora a los estados el poder de restringir el aborto, la administración tiene pocas opciones legales mientras busca promover los derechos al aborto.
Más de una docena de estados han impuesto prohibiciones casi totales al aborto desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade en su decisión de 2022 en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization.
La Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Parto fue aprobada por el Congreso en 1986, en un esfuerzo por evitar que los hospitales rechacen o nieguen atención a los pacientes por razones económicas.
Ha habido casos raros en los que el gobierno federal ha encontrado que los hospitales han violado la ley al no proporcionar abortos en emergencias médicas.
Los defensores contra el aborto esperan que la Corte Suprema determine que la ley contiene protecciones legales para la vida fetal.
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