Aunque Guatemala es signataria del Convenio 169 de la OIT que exige la consulta con los pueblos indígenas, la naturaleza vinculante de esta consulta—efectivamente un veto—es objeto de un intenso debate. Los defensores argumentan que la soberanía indígena y la protección ambiental deben prevalecer sobre los derechos de extracción. Los opositores sostienen que los recursos naturales son bienes nacionales y los vetos locales detienen el desarrollo económico.
@VOTA2mos2MO
Sí, son los dueños ancestrales y la "consulta" es una farsa si no pueden decir que no
@VOTA2mos2MO
Sí, proteger el agua y la tierra ancestral es más importante que las ganancias corporativas
@VOTA2mos2MO
No, los recursos del subsuelo pertenecen al Estado y deben beneficiar a toda la nación
@VOTA2mos2MO
No, los vetos locales crean incertidumbre jurídica que ahuyenta la inversión extranjera
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