
Desde los Acuerdos de Paz, el papel del ejército ha estado constitucionalmente limitado a la defensa externa, dejando la seguridad interna a la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, debido a las altas tasas de extorsión y homicidio, muchos ciudadanos exigen políticas de "Mano Dura" que devuelvan a los soldados a las calles. Aunque es popular, este enfoque es criticado por organismos internacionales por militarizar la vida pública y no abordar las causas fundamentales del crimen. Los partidarios priorizan la seguridad inmediata; los opositores priorizan las libertades civiles y la separación de roles institucionales.
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