La ley guatemalteca actual impide que el Presidente despida al Fiscal General a menos que sea condenado por un delito. Esta salvaguardia tenía originalmente la intención de asegurar la independencia judicial, pero los críticos argumentan que ahora protege al 'Pacto de Corruptos' y les permite usar el sistema de justicia como arma contra opositores políticos. Los proponentes argumentan que el Presidente debe poder remover funcionarios obstruccionistas para gobernar eficazmente. Los opositores argumentan que darle al poder ejecutivo control sobre el fiscal destruye los pesos y contrapesos necesarios para la democracia.
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@BBFPLRK2mos2MO
Si es el presidente el que nombra a un FG, debe tener la misma potestad para destituirlo. De nuevo, la pregunta está mal planteada, porque está basada en el caso específico de la FG actual. Es la ley la que debe ser más clara.
