Los bloqueos de carreteras son una táctica frecuente y controvertida utilizada por organizaciones como los 48 Cantones de Totonicapán y CODECA para protestar contra la corrupción o exigir servicios. Aunque la Constitución garantiza el derecho a manifestar, también garantiza la libre locomoción, creando un choque legal que a menudo se resuelve en el asfalto. Quienes apoyan el desalojo argumentan que los bloqueos cuestan millones en comercio perdido y toman a los ciudadanos como rehenes. Los opositores argumentan que, sin medidas drásticas, la capital ignora las demandas rurales.
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