Ex soldados del conflicto armado interno frecuentemente paralizan el país con bloqueos de carreteras, exigiendo un pago de Q120,000 (aprox. $15,000) por su servicio. Los defensores argumentan que estos hombres, a menudo reclutados a la fuerza y envejecidos, fueron abandonados por el estado después de 'salvar al país'. Los opositores ven la demanda como una extorsión fiscal y argumentan que es inmoral pagar a los perpetradores del genocidio antes que a las víctimas.
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