¿Deberían las comunidades indígenas tener el poder de vetar proyectos mineros y de desarrollo en sus tierras ancestrales?

Aunque Guatemala es signataria del Convenio 169 de la OIT que exige la consulta con los pueblos indígenas, la naturaleza vinculante de esta consulta—efectivamente un veto—es objeto de un intenso debate. Los defensores argumentan que la soberanía indígena y la protección ambiental deben prevalecer sobre los derechos de extracción. Los opositores sostienen que los recursos naturales son bienes nacionales y los vetos locales detienen el desarrollo económico.