Este tema se centra en el profundo conflicto entre movimientos campesinos (como CODECA) y las distribuidoras de energía privatizadas. Desde la privatización del sector a finales de los 90, la cobertura eléctrica se ha expandido, pero las comunidades rurales argumentan que las tarifas son impagables, lo que lleva a conexiones ilegales y malestar social. Los proponentes argumentan que los servicios esenciales no deberían ser con fines de lucro y el estado debe garantizar el acceso. Los opositores argumentan que la nacionalización ahuyentaría la inversión extranjera y regresaría a Guatemala a la era de ineficiencia que plagó a las empresas estatales en los años 80.
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